Déficit, mentiras y boñigas contables
inédito
junio 2004
Alguna vez he traído aquí aquella frase lapidaria del periodista catalán Rafael Jorba –persona nada sospechosa de «anticatalanismo político»- respecto a que la Catalunya del régimen pujolista «no era en realidad el oasis que solía decirse, sino una gran fosa séptica» (sic).
Ha bastado que el gobierno tripartito diera un primer vistazo bajo algunas de las alfombras del Palau de la Generalitat, para que comenzara a aflorar porquería en cantidades industriales. Que vayan a exigirse responsabilidades por ello parece que es otro cantar, pero al menos nos vamos enterando de cositas.
Por ejemplo, del volumen real del endeudamiento financiero acumulado. Una auditoría de la Conselleria de Economia encargada con la intención de, en palabras del conseller Castells, «saber dónde estamos» dada la opacidad y el desbarajuste de las cuentas facilitadas por los anteriores rectores del departamento, ha cifrado la deuda generada sólo en 2003 en 3.000 millones de euros, de los cuales, el actual gobierno catalán habrá de pagar 2.000 millones en 2004 respondiendo a compromisos ineludibles e inaplazables.
De esos 3.000 millones de euros de deuda creada en 2003, algo más de 2.000 millones corresponden a sanidad, aunque la Generalitat pujolista cifraba ese capítulo en poco más de 1.000 millones. Las diferencias se originan, según Francesc Homs, anterior conseller de Economía, en la utilización de diferentes criterios contables. Cosas de la contabilidad creativa, que diría don Mario Conde.
Según el «criterio contable» de Homs, no sólo no se habría generado déficit en 2003, sino que el superávit sería de 300 millones de euros. Homs dice aplicar un conjunto de normas contables de la Unión Europea. El caso es que el equipo que ha efectuado la auditoría, supervisado por una comisión externa independiente presidida por Antoni Serra Ramoneda, dice haber aplicado las normas contables europeas vigentes. Alguien está haciendo juegos de manos con cosas muy serias, en suma.
Una pista: en la contabilidad al «estilo Homs» no se incluye el déficit generado por las universidades públicas catalanas, ni el ocasionado por las transferencias destinadas a mantener TV3-Televisió de Catalunya, ni tampoco el originado por GISA, sociedad gestora de inversiones públicas....Así cualquiera, ¿no ?.
El endeudamiento global de la Generalitat –es decir, el déficit histórico acumulado desde 1980-, supera según la auditoría los 17.000 millones de euros –casi tres billones de las antiguas pesetas-, alrededor del 13% de la riqueza global de Catalunya. De esa cantidad total, por ejemplo, 9.600 millones corresponden al sector administrativo; pero es que en créditos y pagos por terceros afloran nada menos que 3.500 millones.
En el caso de la sanidad, el histórico acumulado sería de algo más de 3.000 millones, y correspondería a deuda propiamente dicha más inversiones necesarias no realizadas y ya ineludibles. Un tercer paquete fundamental en el déficit sanitario catalán es el producido por los centros concertados, que constituyen casi el 90% del total de los centros sanitarios catalanes y gestionan la atención al 70% de los pacientes tratados; a eso le llaman «externalizar un servicio público para mejorar la gestión».
Lo peor, con todo, en el ámbito sanitario es que en Catalunya, sobre poco más de seis millones de habitantes, hay un millón de personas sin censar sanitariamente. Probablemente buena parte de ellos son inmigrantes en situación irregular, y el resto, personas del país –fundamentalmente jóvenes- con empleo-basura que ni siquiera están dados de alta en la Seguridad Social. Total, un desastre.
Para intentar hacer frente a todo este pastel, la Generalitat pujolista echó mano en su momento de dos recursos en cuyo manejo acreditó gran maestría: el primero, aumentar los impuestos indirectos de su competencia (por ejemplo, subiendo en 1998 los que gravan la compraventa de pisos y la de automóviles usados), y el segundo, la presión sobre el Gobierno español (el conocido mercadeo de votos durante el último gobierno de González y el primero de Aznar, a cambio de pellizcos sobre la marcha a los Presupuestos Generales del Estado). Con todo y así, la pelota fue creciendo irremediablemente año tras año, hasta tomar las proporciones desveladas por la auditoría.
Sorprende que un gobierno que no se ha distinguido precisamente por su inversión en políticas sociales (inevitablemente deficitarias por definición), haya sido capaz de generar un déficit tan gigantesco.
La pregunta es en qué se ha gastado esta gente semejante pasta gansa. La respuesta es evidente: en una Administración autonómica sobredimensionada en personal, infraestructuras y compromisos de gasto e inversión, cuyo papel no ha sido gestionar el país sino ofrecer acomodo y financiación al amplio tejido clientelar (político, económico, social y cultural) que a lo largo de 23 años fue articulando en torno suyo y del proyecto político al cual servía.
Un caso paradigmático es el de los Consejos Comarcales (hay 41), organismos de –para decirlo suavemente- muy bajo nivel de actividad y casi nulas competencias, pero que emplean un verdadero ejército de «clientes políticos» de CiU (especialmente en las comarcas de ámbito rural, reservorio electoral natural de la coalición). Sólo la adquisición y remodelación de inmuebles destinados a sedes de los respectivos Consejos Comarcales generó en su día una actividad económica frenética, cuyas cuentas nunca se han hecho públicas realmente.
Otro, que ha circulado recientemente, es el asunto de las subvenciones a empresas periodísticas, que ha mostrado cómo de manera continuada se hizo uso desvergonzado de fondos públicos para «crear opinión pública» favorable, y de paso, mantener a flote medios periodísticos afectos.
Son sólo dos ejemplos. Cabe preguntarse si una vez detectada la boñiga, el actual gobierno de la Generalitat está dispuesto a meter el palo dentro y removerla, o si prefieren no espantar a las moscas y dejar las cosas como están.
Y en caso de que se decidiera ir a fondo, cúal sería el grado de resistencia que ofrecerían Santa Sociedad Civil Catalana y los intereses que representa. Ya conocemos cómo las gastan cuando les aprietan: véase el famoso caso «Banca Catalana», sin ir más lejos, sobre el que Pujol cimentó sus posteriores tres mayorías absolutas.
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